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Con los calores de agosto, una vez más, las anomalías de la función pública concentraban la atención mediática a raíz de la decisión de un Ayuntamiento que aprobaba en el Pleno otorgar un complemento de productividad a aquellos empleados públicos que asistan a su trabajo al menos un 90% de la jornada. Se trataba, según explicaban los protagonistas, de una medida para luchar contra el absentismo laboral y mejorar las condiciones económicas de los empleados. Un objetivo entendible. Pero la vía quizás no sea la más adecuada.



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