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La Administración Pública está obligada a resolver cuando los ciudadanos nos dirigimos a ella. No obstante, en muchas ocasiones esta respuesta llega tarde o incluso no llega, razón por la que la norma contempla lo que se denomina como "silencio administrativo" y sus efectos, que en ocasiones será positivo para el ciudadano y sus intereses y en otras, negativo, debiendo dirigirse a una instancia superior o incluso al orden jurisdiccional oportuno.



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