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La explicación y sistematización teórica de los Derechos administrativos nacionales se apoya con frecuencia en la distinción primaria entre varios tipos de actividad administrativa. En la mayoría de los países, la distinción opone la actividad de policía (o intervención, u ordenación) a la actividad prestacional de la Administración. Esta distinción se basa en los efectos de la actividad administrativa sobre las situaciones jurídicas de los ciudadanos: gravosos o favorables.

La innegable eficacia ordenadora del binomio “intervención versus prestación” no puede hacernos perder de vista algunas realidades que relativizan o erosionan su eficacia ordenadora. En primer lugar, de siempre han existido actuaciones administrativas con doble efecto (prestación-intervención), porque simultáneamente benefician a un destinatario y perjudican a otro. Es lo propio de los procedimientos de adjudicación de recursos escasos (contractuales, de aprovechamiento de dominio público, oposiciones, etc.).



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