Desde el pasado mes de marzo de 2018, en virtud de la nueva redacción de la Ley de Contratos del Sector Público, existe una prohibición legal de contratar con la Administración Pública y otros organismos y entidades públicas para aquellas empresas que, entre otros extremos, no acrediten cumplir con el requisito de reservar al menos el 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad, o haber implementado medidas alternativas excepcionales en los términos reglamentariamente establecidos.