Esta medida está recogida por la Ley 9/2017  de Contratos del Sector Público, marcada bajo directrices del Parlamento y del Consejo Europeo, tiene la finalidad de luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El pasado mes de junio, el Ministerio de Hacienda puso en marcha un Registro Electrónico Único que permite, entre otras funciones, acreditar la fecha en la que se emiten los contratos y enviarlos directamente a su destinatario.