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La reciente STS de 25.05.2018 (RC 325/2016) amplía la doctrina jurisprudencial sobre las demoliciones urbanísticas derivadas de una sentencia judicial y los terceros de buena fe interpretando el alcance del art. 108.3 de la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que recordemos nos decía:



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