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Unos 1.161 millones de euros pagados en peajes en las cabinas de la autopista gallega AP-9 están en cuestión. El dinero sufragado por los usuarios del vial desde el 2013 a hoy podría ser reclamado tras el dictamen de la Comisión Europea que el jueves invalidó el modo en el que se concedieron a Audasa prórrogas por 35 años sobre el contrato inicial en la gestión de la autopista.



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