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Según el Tribunal Supremo, la Administración podría basarse en los tipos infractores previstos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias, sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil.

El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia que determina que la Administración puede sancionar a las entidades financieras por cláusulas abusivas sin sentencia civil previa.



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