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Aunque el artículo 33.1 de la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada, lo cierto es que en la práctica es bastante habitual que una Administración Territorial, ya sea el Estado, una Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, declare la utilidad pública o interés social de una finca de nuestra propiedad, notificándonos la necesidad de ocupación de la misma para la realización de un proyecto de interés público.



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