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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge una serie de restricciones a la libre circulación de las personas, que en caso de incumplirse pueden suponer multas pecuniarias que van desde 100 hasta 600.000 euros, o pena de prisión de hasta 1 año en caso de delito de desobediencia.



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