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En nuestras administraciones públicas existen múltiples órganos de control, tanto internos como externos, en este último caso, el de los externos, han aparecido muy vinculados a las políticas de transparencia e integridad tras la irrupción de normativa en la materia. En el caso de los órganos internos, la atribución legal a los mismos de una serie de funciones dirigidas a la eficacia de dicho control plantean un interrogante ante la posibilidad de compatibilizar su existencia con la de un Compliance Officer. Interrogante que requiere una doble respuesta, por una parte, si no nos encontramos ante una duplicidad de controles, al existir ya un órgano interno a tal fin, y, por otra, si no supone una injerencia en las funciones propias de aquéllos.



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