Por desgracia, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) a pesar de haber proclamado la simplificación de los procedimientos como una de sus virtudes-objetivos, no ha podido lograr en la práctica que en relación al volumen y complejidad de la documentación que hay que manejar para presentarse a una licitación, la cosa haya cambiado en exceso, de tal manera que para nuestras entidades públicas, desde la perspectiva de la cantidad de información a controlar, salvo honrosas excepciones, casi es lo mismo construir una pared de dos metros que un edificio.

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