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La Administración impone sanciones en numerosos ámbitos. Por ejemplo, por haber construido una casa ilegalmente o haberse excedido el dueño en la edificabilidad. O se ponen multas de manera disciplinaria a funcionarios que se confían y la administración interpreta que han hecho algo mal. Se ponen multas de tráfico por supuesto. Se ponen multas a las empresas por realizar vertidos ilegales. Se ponen multas a las industrias por no ajustarse a la normativa. O por supuesto sanciones tributarias. Se imponen multas a los comercios y se imponen multas a los industriales y profesionales en general.

Rigen los principios y garantías del Derecho sancionador, bastante similares a los del Derecho penal pero hay también matices; por lo que no se puede confiar en la pura aplicación de los principios jurídico-penales. Puede hablarse, en general, de un incesante o progresivo movimiento de reforma del Derecho administrativo sancionador desde una doble vertiente: la de aplicación de los principios del Derecho penal (artículo 25 de la Constitución) y la de observancia de las garantías de tipo procedimental (artículo 24 de la Constitución)



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