Se ha producido una importante novedad que va a tener un impacto económico positivo, importante e inmediato para todos aquellos contratistas a los cuales la Administración pública y entidades del sector público suelen pagar con retraso. Nos referimos a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/20), que resuelve una petición de decisión prejudicial y se pronuncia sobre cómo se debe interpretar la regulación sobre el pago de los intereses de demora y costes de cobro por pago tardío de las facturas, contenida en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público española (LCSP), para no infringir el Derecho de la Unión Europea.

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