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La Exposición de Motivos de la demorada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al erigirse sobre lo que ya se ha bautizado formalmente como «Estrategia Europa 2020», preludia la metamorfosis a la que se verá sometida la contratación del sector público desde su entrada en vigor el pasado 9 de marzo de 2018. Tras una apaisada y extemporánea tramitación parlamentaria, el devenir al que asistimos transmuta, bajo la coartada de una mayor transparencia de la contratación pública, desde los procedimientos de adjudicación hasta los métodos de pago de facturas, pasando por la flamante posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas. Mención especial merece el tratamiento otorgado al recurso especial en materia de contratación, no sólo por el indubitable acrecentamiento de su ámbito de aplicación, sino también por la reforma en los plazos habilitados para su interposición y el ahorro que, en adelante, supondrá a los recurrentes su gratuidad.



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