A nadie se le escapa que la temporalidad, fruto de las malas prácticas en la gestión del empleo en las entidades públicas (unas más que otras), es hoy un problema mayúsculo en busca de una solución. A la espera de que se actualicen los datos según se acordó en la última Comisión de Coordinación del Empleo Público se calcula que aproximadamente la temporalidad alcanza a más de 700.000 empleados públicos lo que aproximadamente representa una cuarta parte del empleo público en España (de nuevo en unos sectores -educación y sanidad- en mayor medida que en otros). Recientemente Francisco Longo se hizo eco de ello con un sugestivo y cinematográfico título, en el Diario El País de 25 de marzo, poniendo el acento en la gravedad del problema y su carácter estructural, y no meramente excepcional o transitorio como debería de ser, derivado de su deficiente gestión en nuestro empleo público. En cualquier caso, como se ha comentado un problema mayúsculo en busca de soluciones, primero judiciales ahora parece que de carácter legal mediante la modificación del artículo 10 TREBEP, de las que en esta entrada se pretende dar cuenta. Y soluciones, como empieza a ser habitual en distintos campos, mayormente azuzadas por la Comisión Europea en la negociación de los fondos europeos que se está llevando a cabo y no, aun siendo conscientes del problema, por un decidido esfuerzo por resolver los problemas que aquejan a nuestro empleo público que lamentablemente no terminan de resolverse.

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