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El principio de eficiencia del gasto público se consagró en el artículo 31.2  de nuestra Constitución de 1978. Desde entonces han sido muchas las leyes que han invocado el concepto. Una de las principales, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera concretó en su artículo 7 el Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Lo hizo ordenando orientar la gestión hacia “la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público”. En concreto, prevé que tanto las disposiciones legales y reglamentarias -en su fase de elaboración o aprobación- como los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración valorando sus repercusiones y efectos,  supeditandose de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

¿Retórica o fundamento?



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