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La reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y su melliza, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), tienen por finalidad  declarada instaurar, de modo preceptivo, generalizado y definitivo, la tramitación electrónica del procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento, imponiendo el uso obligatorio de determinadas TICs tanto en la tramitación como en las instituciones esenciales como en el funcionamiento interno de las Administraciones Públicas.



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