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El Derecho administrativo, desde su perspectiva judicial (que es lo que importa, de cara a su cumplimiento efectivo), está montado sobre la base del interés legítimo. El cumplimiento de la legalidad (objetiva), en el contexto del Derecho administrativo procesal (o contencioso-administrativo) solo se va a poder hacer valer cuando hay un sujeto legitimado que actúa para la defensa de su interés personal. Y, aunque se permita la acción popular, siempre haría falta un accionante, dispuesto a litigar, con las limitaciones que ello igualmente conlleva. Este planteamiento parece que resta parte útil o práctica, o alcance, al Derecho administrativo.



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