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La disposición final 3.4 de Ley Orgánica 7/2015, de 21 julio -EDL 2015/124945-, reformó la LJCA -EDL 1998/44323- añadiendo un tercer párrafo al artículo 108 en virtud de cual el Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. A los solos efectos ilustrativos diremos que el precepto esta directamente emparentado con el artículo 319.3 del Código Penal -EDL 1995/16398-, en la dicción dada al mismo por el art. único.171 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo -EDL 2015/32370-. 



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