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Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -tiene fecha del pasado diez de enero- ha condenado a España por lesionar el derecho de los recurrentes a ser oídos en un proceso. Llamo la atención sobre la misma y pretendo, además, lanzar una piedra en las aguas aparentemente mansas en las que navegan tantas prácticas jurídicas que se siguen en los Ayuntamientos y Registros de la Propiedad, en los Juzgados y Tribunales, incluyendo el Constitucional. Porque se reiteran actuaciones impulsadas por la inercia que, sin embargo, pueden ocultar un fondo de graves perjuicios como el vivido por los recurrentes y que, desgraciadamente, no resulta original ni extraño. Lo adelanto: recibir una notificación municipal que anuncia la demolición del edificio donde se tiene un apartamento, en virtud de una sentencia firme de la que no se ha tenido noticia alguna durante años.



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