Se acaba de publicar por el Tribunal de Cuentas el «Informe de Fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en el ejercicio 2018» . Se trata de un informe innovador en la esfera del órgano de control, pues aborda, por vez primera, las medidas adoptadas por las principales Sociedades estatales como consecuencia de la extensión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. La lógica del informe se estructura sobre la posibilidad que ofrece el Código Penal de eximir de responsabilidad penal a la Sociedad del delito que se le impute, si tiene implantado un sistema eficaz para evitarlo (habitualmente denominados sistemas o modelos de compliance penal o cumplimiento normativo penal, sin perjuicio de sus derivadas en el marco general de la gestión pública).

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