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“La abogacía es un sector clave para que las negociaciones del Brexit se realicen en un marco de seguridad jurídica”. Con estas palabras, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, inauguró la Jornada ‘Brexit: consecuencias, requisitos y oportunidades en el ejercicio profesional’ que tuvo lugar el 28 de febrero en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de Recoletos 13).

Victoria Ortega también destacó que la “Abogacía Española pretende ser una herramienta de desarrollo económico y social equitativo a través del derecho, que es la base sólida en la que se fundamenta”. Con esta primera jornada sobre el Brexit, “pretendemos posicionar a la Abogacía como instrumento para la mejora de las relaciones de España y de la UE con Reino Unido”, aseguró la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

La primera mesa redonda, moderada por María Eugènia Gay, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española, abordó el acceso al ejercicio de profesiones reguladas en España desde títulos extranjeros, con especial dedicación a la abogacía.

Javier García-Velasco, asesor de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, realizóuna aproximación general a los procedimientos de reconocimiento de títulos extranjeros mediante la homologación (destacando la singularidad del sistema español y la confusión entre título académico y título profesional), la convalidación (reconocimiento parcial y no del título, cuya competencia es de las universidades) y el reconocimiento por directivas comunitarias que garantizan la libertad de circulación. Posteriormente repasó el ejercicio profesional de la abogacía y la aplicación de la Ley de Acceso.

Por su parte, David Greene, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de The Law Society, destacó que para muchos británicos el Brexit es una obsesión y ante la imposibilidad de retorno “hablamos de oportunidades”. Recordó el memorandum de entendimiento entre el Consejo General de la Abogacía Española y la Law Society de Inglaterra y Escocia (MÁS INFORMACIÓN). Greene aseguró que la abogacía en Inglaterra se rige por la Ley de 2007 de servicios jurídicos y que la autoridad reguladora de los ‘solicitors’ surgió de la propia Law Society, cuyo principal objetivo es la protección y defensa de los intereses públicos.

El representante británico aseguró que existen oportunidades para los abogados españoles porque nuestra profesión no conoce fronteras. Prueba de ello es que el derecho anglosajón se aplica en el comercio mundial, en el arbitraje internacional y ahora lo están llevando a la práctica -tramitando el procedimiento en inglés- tribunales en Paris (Francia) y Frankfurt (Alemania). “Es importante seguir colaborando más allá de las fronteras y economías; y queremos continuar la colaboración con la Abogacía Española en beneficio de las empresas”.

RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES REINO UNIDO-ESPAÑA

De izqda a dcha: Javier Garcia-Velasco, Francisco Garcimartín, Nielson Sanchez Stewart, Mª Eugènia Gay, David Greene y José C. García de Quevedo

El segundo panel de la primera ponencia, que también moderó y presentó María Eugènia Gay, abordó las perspectivas y relaciones económicas y comerciales de España-Reino Unido. Francisco Garcimartín, catedrático de Derecho Internacional Privado UAM, recordó que la imposibilidad de revertir el Brexit tendrá un impacto jurídico pero también económico “que va afectar a todos los sectores”.

Por este motivo, Garcimartín destacó que las “empresas deben elaborar un plan de contingencias y saber cómo gestionar este riesgo, donde los abogados pueden tener un importante papel asesor”. El ponente reconoció que la tendencia tras las negociaciones es sufrir un Brexit duro y con sujección tras la salida británica al modelo de terceros países basando su relación en la Organización Mundial del Comercio.

Nielson Sánchez Stewart, socio de Sánchez-Stewart Abogados, consejero del Consejo General de la Abogacía Española, aseguró que no hay que esperar al 29 de marzo de 2019 para saber que el Brexit será malo para las relaciones económicas. Recordó que la salida del Reino Unido tendrá un efecto muy importante sobre las inversiones -sobre todo inmobiliarias- que se verá afectada por el tipo de cambio y por una devaluación del 20%. Pidió que a nivel gubernamental se dieran facilidades al inversor extranjero, de la misma forma que se está haciendo en Portugal. El consejero de la Abogacía reconoció que existirá una importante inseguridad jurídica como la situación de residencia irregular de muchos británicos en España o el tema de las sucesiones.

La última ponencia de este segundo panel estuvo a cargo de José Carlos García de Quevedo, director ejecutivo de ICEX/Invest in Spain, quien reconoció que la globalización es un camino de dos direcciones y que el Brexit plantea retos y desafíos, pero también oportunidades. La nueva situación jurídica de Reino Unido afectará a la libertad de circulación de bienes y servicios, además de al movimiento de capitales y de personas. Por otro lado, García de Quevedo destacó que el futuro grado de integración del Reino Unido estará condicionado a asumir compromisos financieros.

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