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El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, viene por fin a cubrir las lagunas interpretativas de una Ley dictada en materia tan crítica como el blanqueo de capitales y pone encima de la mesa de la actualidad las obligaciones que esta normativa impone a un amplio sector de profesionales y, entre ellos, los abogados.



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