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  • La solidaridad y la justicia no se demuestran solo respecto a un barco de rescate de una ONG sino también con la protección adecuada de las 60 personas que cada día llegan a nuestras costas del sur en situaciones de especial vulnerabilidad

La Fundación Abogacía Española muestra su satisfacción por la oferta del Gobierno español para acoger a los migrantes a bordo del barco Aquarius que se encuentran en alta mar en el Mediterráneo central, sin que Italia ni Malta estuvieran dispuestas a hacerlo. La acogida es una decisión humanitaria y solidaria, que comparte una institución como la Fundación dedicada a la defensa de los derechos de las personas, y que evitará que una situación dramática se convierta en una tragedia.

Esta actitud del Gobierno español debería ser, en opinión de la Fundación, la práctica habitual de los países de la Unión Europea ante una situación de riesgo real para la vida y la seguridad de más de 600 personas. Acoger a personas que huyen de la guerra, de la persecución o del hambre no es una cuestión de solidaridad, sino de justicia.

La Fundación que reitera la propuesta del Consejo General de la Abogacía y del Colegio de Abogados de Valencia de hacerse cargo de la asistencia jurídica necesaria a los migrantes del Aquarius, expresa igualmente al Gobierno su preocupación por la necesidad urgente de una mayor dotación de recursos, tanto profesionales, económicos, como logísticos, que brinde a los migrantes la asistencia que reconocen las leyes y convenios firmados por España.

La Fundación Abogacía Española solicita a las instituciones públicas responsables la urgente dotación de medios para la asistencia en costa a los migrantes que llegan en pateras, en situación de especial vulnerabilidad, y que redoblen sus esfuerzos en la formación y sensibilización de los funcionarios, que tienen un papel vital en el momento de la llegada y de cuya actuación depende la protección de los derechos básicos de otras personas.

La solidaridad y la justicia no se demuestran sólo con respecto a un barco de rescate de una ONG -a la que no se le ofrece acogida desde otros puertos más cercanos- sino también con respecto a la protección adecuada a las 60 personas al día (según datos de la Organización Internacional de Migraciones) que en lo que va de 2018 han llegado a nuestras costas del sur en precarias embarcaciones.

Mientras la llegada de migrantes en pateras a las costas españolas está aumentando por el cierre de otras rutas migratorias y por la llegada del buen tiempo (sólo entre el 4 y el 10 de junio llegaron a las costas españolas 650 personas, los mismos que hay a bordo del Aquarius), los medios necesarios para una primera asistencia digna no están aumentando de manera proporcional. Esto afecta al ya difícil trabajo de los abogados y abogadas que realizan habitualmente la asistencia jurídica en los puertos. Una asistencia deficiente por parte de los abogados, los jueces, los fiscales o la policía en el momento de la llegada a la costa puede producir vulnerabilidades en la protección de los derechos humanos de estas personas migrantes, entre los que hay, por ejemplo, solicitantes de asilo, víctimas de trata y menores no acompañados.




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