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Corría el año 2013 y los desahucios eran una de las principales preocupaciones, convertidos en símbolos mediáticos de la crisis económica. En ese contexto, el Ayuntamiento de València dirigido aún por Rita Barberá puso en marcha un servicio de intermediación hipotecaria para resolver casos de desahucios en la ciudad. Este servicio empezó prestándolo el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), algo que cambió con la entrada del Govern de la Nau en 2015.



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