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  • La Comisión de Drogas del Colegio de la Abogacía de Barcelona apoya las reclamaciones que han recogido en un manifiesto la UNAD, primera red europea de atención a las personas con problemas de adicción y RIOD, entidad homóloga en América Latina. Este manifiesto se ha realizado con motivo del "Día internacional de la lucha contra el tráfico ilícito de Drogas", que se conmemora el 26 de junio.

Este manifiesto establece que es imprescindible dar apoyo a las personas que tienen problemas de adicciones en cualquier parte del mundo, para evitar que se amplíe el círculo de exclusión. También afirma que la manera de abordar los problemas importa, de ahí que se considere que para dar respuesta eficaz a las necesidades de cada persona es necesario proporcionar una atención integral. En este sentido, se debe tener en cuenta los factores educativos, sociales, psicológicos y biológicos de las personas con problemas de adicciones ya que la finalidad es integrarlas en la comunidad.

El Manifiesto también recoge que a la hora de consumir drogas la sociedad hace una valoración muy diferente en función del género. Las mujeres adictas deben soportar una mayor sanción que los hombres. Este hecho provoca el aislamiento de las mujeres, la ocultación del problema y mayor dificultad para pedir ayuda. Por este motivo es necesario incorporar la perspectiva de género en las investigaciones políticas y estratégicas relativas a las drogas.

La Comisión de Drogas del ICAB, al igual que RIOD y UNAD exigen que las políticas de drogas que se diseñen en el seno de la comunidad internacional sean respetuosas con los derechos humanos y los principios de dignidad, libertad, democracia, igualdad y solidaridad. Igualmente consideran que los sistemas penales deben buscar la resocialización y no el castigo de las personas adictas que cometan delitos. La mayor parte de la población reclusa ha experimentado situaciones previas de exclusión social, por ello tanto la Comisión de Drogas del ICAB, como RIOD y UNAD creen que para poder afrontar realmente las situaciones de pobreza y exclusión, los Estados deben apostar por políticas dirigidas a lograr la justicia social y la igualdad efectiva de la ciudadanía.




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