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  • El pasado mes de mayo ya recurrió ante el Tribunal Supremo el acuerdo del CGPJ de centralizar en un único juzgado provincial estas demandas
  •  El nuevo Plan del CGPJ incrementa el número de jueces que se dedicaran a estos asuntos, pero continúa obligando al ciudadano a desplazarse
  • En Catalunya, los cuatro juzgados especializados en la materia recibieron 18.474 demandas por cláusulas abusivas entre junio y diciembre de 2017, con una media de 140 diarias
  • La Abogacía Catalana ya advirtió del colapso que se produciría centralizando en un único juzgado provincial estos asuntos

El pleno del Consell de l’Advocacia Catalana, que representa los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, ha aprobado este lunes 29 de enero por unanimidad impugnar también el nuevo Plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los juzgados únicos provinciales para resolver las demandas por cláusulas suelo y otros reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. El pasado mes de mayo el Consell ya recurrió ante el Tribunal Supremo el acuerdo del CGPJ de centralizar en un único juzgado por provincia estos asuntos, alertando del colapso que ello provocaría. Ahora impugnará también el nuevo Plan aprobado por el CGPJ el pasado mes de diciembre, que, ante el colapso, incrementa el número de jueces dedicados a resolver estos asuntos, pero prevé que continúen centralizados en sólo cuatro juzgados provinciales -en el caso de Catalunya el Juzgado de Primera Instancia número 50 Barcelona, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lleida y el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Girona- circunstancia que obligará a muchos ciudadanos a desplazarse para defender sus derechos ante los tribunales.

El nuevo Plan sustituye al que el CGPJ aprobó el pasado mes de mayo de 2017, que consistió en la especialización de un total de 54 juzgados de primera instancia en todo el Estado Español –uno por provincia – que se pusieron en marcha el 1 de junio y que desde entonces tramitan todos los asuntos referidos a cláusulas suelo y otras reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. Transcurridos siete meses, y ante la situación de colapso de estos juzgados, el CGPJ aprobó, a finales de diciembre del 2017, un nuevo Plan para reforzar, a partir del 1 de enero de 2018, el número de jueces dedicados a resolver estos asuntos, que continuarán centralizados en las capitales de cada provincia. La Abogacía Catalana argumenta que este nuevo Plan perjudica los intereses de los afectados porque dificulta el acceso a la justicia del ciudadano, que deberá desplazarse y destinar unos recursos económicos y de tiempo a la hora de reclamar sus derechos, circunstancia que puede generar un efecto disuasorio.

MÁS DE 18.000 DEMANDAS PRESENTADAS EN SÓLO SEIS MESES EN CATALUÑA

La Abogacía Catalana ya alertó desde el primer momento del colapso que se produciría concentrando en un único juzgado provincial los litigios derivados de las cláusulas suelo. Entre junio y diciembre de 2017 se presentaron un total 18.474 demandas en los 4 juzgados catalanes especializados en la materia, de las que 14.601 corresponden al único juzgado especializado de Barcelona. En Girona se presentaron 1.397, en Tarragona 1.816 y en Lleida 660. Teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil, esto supone una media de 3.079 demandas al mes y 140 demandas diarias presentadas por estos asuntos a los cuatro juzgados provinciales catalanes entre junio y diciembre de 2017, un ritmo que sigue igual durante las primeras semanas del 2018.

Datos correspondientes al periodo junio a diciembre 2017:

Para el Consell de l’Advocacia Catalana, estos datos ponen en evidencia el colapso que están sufriendo estos juzgados únicos, colapso que se hubiera podido evitar repartiendo estos asuntos entre los juzgados de primera instancia de todos los partidos judiciales. El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Julio J. Naveira, considera que “hay que respetar el principio esencial de proximidad de la justicia al ciudadano para que todos puedan ejercitar las acciones judiciales allí donde le corresponda por razón de su domicilio”. Para Naveira “bajo la excusa de una pretendida especialización están perjudicando gravemente los intereses de los afectados, ya que el colapso judicial está retrasando mucho la resolución de estos juicios”. El presidente de los abogados catalanes se muestra convencido de que “si estos asuntos se repartieran entre todos los juzgados de los diferentes partidos judiciales, se dictarían muchas más resoluciones”




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