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El actual Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, es especialista en Derecho Civil, presidente de honor del Club Español del Arbitraje y experto en litigación. Piensa que la abogacía es uno de los jugadores esenciales en el Estado de derecho, donde es básica la seguridad jurídica. Los abogados, a su juicio, conocen claramente las necesidades de los ciudadanos porque mantienen una relación directa con ellos. Por eso, entre otros muchos motivos, se propone recuperar el prestigio de la profesión y lograr que, gracias a la abogacía, la sociedad funcione mejor. Como abogado de alguna de las partes, José María Alonso ha llevado más de 2.000 procedimientos ante los órganos jurisdiccionales españoles. Y ha colaborado en casos seguidos en Australia, Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, Israel, Marruecos y Portugal. Especialista en litigación civil y mercantil de contratos de construcción e ingeniería y de distribución, en compraventa de sociedades, en conflictos entre socios, en desavenencias por operaciones financieras y en situaciones de insolvencia, el recién elegido Decano llega al Colegio de Abogados de Madrid con un proyecto de “cambio radical” para “mejorar”. 

Reproducimos la entrevista concedida a Sociedad Civil por el Decano de Madrid

¿Quién es el nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid?

Soy un abogado que lleva más de 40 años ejerciendo la profesión. Empecé a trabajar en 1974 con el gran maestro de civilistas de este país, Luis Díez-Picazo, hasta su marcha al Tribunal Constitucional (1980-1989). Entre 1983 y 1999 dirijo el área de Procesal de Garrigues, que en el año 1997 se fusiona con Arthur Andersen, entonces una de las cinco sociedades de auditoría y contabilidad más grandes del mundo. Y en 1999 soy elegido socio-director del despacho. Nos separamos de Andersen en 2002, como consecuencia de la quiebra de Enron (2001). Me jubilé como socio-director en 2009, a los 56 años, por aplicación de los estatutos del despacho. En 2004 fui uno de los fundadores del Club Español del Arbitraje, que hoy tiene cerca de mil miembros y del que soy Presidente de Honor. Desde 2012 estoy como presidente-socio en la compañía Baker McKenzie.

Su carrera profesional se ha desarrollado en los años cruciales de la democratización y modernización de España. ¿Cómo ha avanzado este país desde el ordenamiento jurídico constitucional?

El sistema jurídico ha avanzado de una manera tremenda en nuestro país. La modificación del Código Civil del año 1965, que viví en primera persona estando con Luis Díez-Picazo, representa la equiparación en derechos civiles de la mujer con el hombre. Cuando empecé a ejercer este oficio, la mujer obtenía la nacionalidad por matrimonio o necesitaba autorización del marido hasta para abrir una cuenta bancaria; y cualquier hijo no nacido dentro del matrimonio era un ser estigmatizado, privado de cualquier derecho sucesor. Esas son dos reformas fundamentales de nuestro sistema jurídico. La Constitución de 1978 supone un cambio radical respecto a todas las leyes fundamentales del Movimiento que yo estudié en la carrera: Foro del Trabajo, Foro de los Españoles, Ley de Sucesión,… En 1986, con la incorporación a la Unión Europea, entra mucha normativa de Europa que trae cambios radicales al sistema jurídico español. Además, todo el Estado de las Autonomías ha supuesto también un cambio muy radical. El Derecho se ha vuelto mucho más complejo que cuando yo empecé, al confluir el Derecho Autonómico, Nacional y Comunitario. Desde el punto de vista democrático, sin duda, hemos ganado en términos de igualdad.

Nos hemos hecho más iguales, más libres, más modernos, en un ejercicio político que podría calificarse de preciosista. ¿La redacción de la Constitución de 1978 fue un salto democrático impecable?

La redacción de la Constitución de 1978 fue un salto completamente radical. A todos los que habíamos vivido la época de Franco nos habían metido en la cabeza que el día que muriera íbamos a tener una nueva Guerra Civil. Un Sábado Santo de 1977, yo estaba haciendo el servicio militar en Valladolid cuando se legalizó el Partido Comunista y el comandante de mi cuartel nos sacó a todos los soldados a la calle, armados. Realmente pensábamos que aquí se iba a organizar un follón y, sin embargo, hemos sido un ejemplo de cómo se debe hacer una Transición. Por eso me duele tanto -como a los que hemos vivido el gran esfuerzo que hizo este país en 1978-, que ahora se esté poniendo en duda casi todo.

“La abogacía es uno de los jugadores esenciales en el Estado de derecho, tenemos relación directa con el ciudadano y conocemos de manera muy clara cuáles son sus necesidades, lo que le parece bien y lo que se debe cambiar”

¿La Transición española es un caso de éxito colectivo?

¡Claro! Yo he tenido una vida internacional amplísima y sé que hemos sido reconocidos como gran ejemplo mundial en la Transición. Una Transición que pasa de las leyes ‘inamovibles’ del franquismo a la democracia, en un proceso que definió Torcuato Fernández-Miranda –presidente de las Cortes que redacta la Ley para la Reforma política en 1976- en la histórica frase “de la ley a la ley a través de la ley”. Todo eso se pone ahora en tela de juicio como si hubiera sido otro ejercicio de autoritarismo. ¡Lo que hubo que pactar en aquel momento con las fuerzas políticas! ¡Lo que se le debe a personas como Adolfo Suárez, Santiago Carrillo o Felipe González! En aquel momento, cuando aún se creía que el país iba a volver a la Guerra Civil, esa gente hizo posible algo que parecía imposible. Yo recuerdo que en la escuela se hablaba de los comunistas como una especie de diablos con cuernos y con rabo que nos iban a llevar a todos al paredón. 

¿Tiene sentido plantearse una reforma de la Constitución en este momento?

Yo no tengo ningún inconveniente en que se reforme la Constitución. Creo que lo que hay que reformar es el título VIII para que quede perfectamente claro cuáles son las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Me gustaría que los políticos dijeran en qué quieren reformar la Carta Magna. No hay ningún problema. La Constitución de Estados Unidos y de Alemania se ha reformado muchísimas veces, no es el Evangelio o las Tablas de Moisés, que están grabados en piedra. En este momento, lo que yo echo en falta es que los políticos digan qué parte del texto se quiere modificar y cómo lo van a hacer. En ese caso, daré mi opinión porque queremos que la voz de la Abogacía sea oída y respetada y que tenga una influencia muy directa en la modificación y promulgación de las leyes. En España hay 250.000 mil abogados, en Madrid somos 78.000. Hay más abogados que población en algunas provincias. Yo quiero que la Abogacía, como integrante de la sociedad civil, tenga una voz muy potente.

“La ciudadanía se tiene que dar cuenta de que estamos ahí para ayudar, no para crear problemas”

¿Le parece que la voz de la Abogacía ha quedado diluida en los últimos años?

La voz de la Abogacía ha quedado totalmente diluida porque no se ha hecho presente. Nadie te va a dar tu lugar bajo el sol si tú no lo reclamas. Nadie te va a regalar nada. Mi opinión es que si aunamos esfuerzos, podemos hacer grandes cosas, hay que mover ese cuerpo social.

¿Es un colectivo profesional clave para el progreso de un  país?

La seguridad jurídica es básica. El Estado de derecho es determinante y la abogacía es uno de los jugadores esenciales en el Estado de derecho. Además somos los que tenemos la relación directa con el ciudadano y conocemos de una manera muy clara cuáles son sus necesidades, lo que le parece bien y lo que debe cambiar.

“El Colegio de Abogados necesita mejorar los locales de los servicios de orientación jurídica donde se asesora gratuitamente a personas sin medios. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ejemplo, hacemos el servicio en un local pequeñísimo donde la gente hace una cola larguísima para que la atiendan. Eso hay que mejorarlo”

¿Nota usted una mayor  distancia entre abogados  y ciudadanos? ¿Detecta un cierto desencuentro?

Yo creo que la ciudadanía, hoy en día, solo piensa en el abogado cuando tiene un problema, va al abogado como cuando acude al cirujano. ¿Por qué no puede haber un abogado de cabecera igual que un médico de cabecera? Yo quisiera que la gente consultara sus temas con un abogado y que este profesional le ayudara a llevar bien sus relaciones jurídicas. En España parece que nosotros vendemos humo y esa sensación me molesta. El ingeniero hace puentes que la gente puede tocar; nosotros hacemos papeles y damos opiniones, algo que no tiene menos valor. Gracias a nosotros la sociedad puede funcionar mejor. Pero hay que pulir nuestra imagen y darla a conocer, porque muchas veces el ciudadano piensa que si se me mete en abogados se mete en un lío, por el papeleo y por el coste. Lo que quiero es que se recupere el prestigio de la profesión. A mí me gusta muchísimo el modelo norteamericano, donde ser abogado o ser médico es un signo de distinción. Y la ciudadanía se tiene que dar cuenta, de verdad, de que estamos ahí para ayudar, no para crear problemas.

“Los abogados somos usuarios de la justicia y actores del Estado de derecho, tenemos que tener la capacidad de decir cómo están funcionando los jueces y los fiscales. Y ellos tienen el derecho de decirnos si tenemos que revisar cosas que se deben cambiar. Eso va a propiciar que todas las instituciones mejoremos”

¿Esa distancia tiene algo que ver con la desigualdad social, con el hecho de que una parte de la población tenga dificultad para contratar un abogado? ¿Tiene arreglo este problema?

La asistencia jurídica gratuita es un derecho constitucionalmente reconocido y aquí en Madrid hay cerca de 5.000 abogados y abogadas que se dedican a la asistencia gratuita, que cubre turno de oficio, extranjería y un montón de cosas más. Lo primero que hay que conseguir es que esos servicios sean remunerados adecuadamente por los administradores públicos, en nuestro caso, básicamente por la Comunidad de Madrid. Hay que actualizar las cantidades que se están pagando, porque no se corresponden con los precios de mercado. En 2012 se produjo una reducción significativa de los baremos del turno de oficio y solo se ha recuperado el 20 %, pero en 2018 seguimos con los de 2012. Esos baremos tienen que actualizarse y mejorarse esos baremos de una manera muy clara en los presupuestos de la Comunidad y del Estado. El Colegio de Abogados necesita mejorar los locales de los servicios de orientación jurídica donde se asesora gratuitamente a personas sin medios. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ejemplo, hacemos el servicio en un local pequeñísimo donde la gente tiene que hacer una cola larguísima para que la atiendan. Eso hay que mejorarlo.

 Nada más llegar al Decanato se ha entrevistado con los responsables de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. ¿Han hablado de la necesidad de reforzar la calidad institucional como base del buen funcionamiento del país?

Lo que estoy planteando a los presidentes de la Audiencia Provincial de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia, así como al Fiscal Superior de Madrid, es la creación de comisiones mixtas con el Colegio, de tal manera que tengamos reuniones periódicas en las que analicemos el funcionamiento de las instituciones. Nosotros somos los usuarios de la justicia y al mismo tiempo somos actores del Estado de derecho, por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de decir cómo están funcionando los jueces, como están funcionando los fiscales y ellos tienen el derecho de decirnos también a nosotros si tenemos que revisar cosas que se deben cambiar. Eso va a propiciar que todas las instituciones mejoremos. Y hay una receptividad fantástica.

¿Cree que la justicia está politizada?

No. Creo que los jueces no están politizados, con independencia de sus creencias personales, son profesionales estupendos en su gran mayoría. Pero sí creo que puede haber una cierta politización, por ejemplo, en el órgano de gestión del Poder Judicial y en el sistema de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, que son designados por los partidos políticos.

¿Cómo entiende que debe ser esa elección?

Creo que tiene que haber una elección por parte de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, de la Abogacía y de la Procuraduría (Consejo General de Procuradores de España).

¿No se caería así en el riesgo de hacer un sistema demasiado corporativo? Le pregunto esto porque hay quien prefiere que esa decisión dependa de los políticos que, al fin y al cabo, son los representantes de los ciudadanos y se les presupone capacidad y criterio para estas elecciones

Puede existir ese riesgo. Pero como yo creo que el Poder Judicial es absolutamente independiente y debe ser un poder independiente del poder Legislativo y del Ejecutivo, con los inconvenientes que usted menciona, prefiero un sistema que sea elegido por los operadores de la Justicia, más que por los partidos políticos. Así lo creo.

¿Necesitamos, con urgencia, un Pacto de Estado por la mejora de la Administración de Justicia?

Sin duda. Pero los políticos no se ponen nunca de acuerdo para establecer un Pacto de Estado por la Justicia, como el que hubo en su día y que permitió reformas importantes en el Sistema Concursal. Eso permitió modernizar los procedimientos de quiebra y suspensión de pagos, importantes para resolver las crisis de insolvencia empresarial. Ahí sí que se consiguió un pacto. Pero es difícil, es difícil …

 ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo cuando se llega al poder político?

Honestamente, no lo sé. Hay cosas que están atascadas ahí… A algunos políticos les falta sentido de Estado. Y por eso creo que la sociedad civil tiene que meter presión. 

¿Qué papel debe jugar la sociedad civil?

Un papel muy superior al que ha jugado.

¿En qué sentido?

En el sentido de influir. Esa fue una de las razones por las que me presenté a Decano del Colegio de Abogados de Madrid. Con la posición que he tenido yo, llega un momento que tienes que hacer algo por los demás, por tu país y tienes que ser capaz de trasladar todo lo que has aprendido y lo que sabes. En España hay muchísimos empresarios y profesionales que podrían dar un paso adelante y decir ‘vamos a  ayudar a nuestro país y a nuestros ciudadanos’. Es verdad que han surgido asociaciones, fundaciones… pero creo que a la sociedad civil española todavía le falta un nivel de concienciación y, sobre todo, de coordinación.

Quizás no nos creemos el poder que realmente tenemos como colectivo para influir en la transformación social. Quizás le pase esto a nuestros políticos, a quienes tenemos que recordar su gran capacidad para transformar la realidad

Absolutamente. Pero yo creo que en los políticos hay un cierto tactismo a corto plazo y, sobre todo, mirando más al cómputo de votos que en otras cosas.

¿Cuáles son aquellos problemas de la sociedad actual que más preocupan al Decano del Colegio de Abogados de Madrid?

A mí, desde el punto de vista nacional, me preocupa mucho el tema catalán y yo creo que estamos propiciando, de una manera muy positiva, el reforzamiento de la relación entre el Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Abogados de Madrid.

Algo muy necesario por las diferencias que ha habido últimamente ¿no?

Muy necesario, pero por parte de la Decana del Colegio de Abogados de Barcelona, Maria Eugènia Gay, solo he encontrado receptividad y ganas ayuda y, por tanto, estoy muy satisfecho.

¿Qué más le preocupa?

Me preocupa mucho la calidad normativa, creo que se hacen demasiadas normas, muchas de ellas de escasa calidad, algo que debería mejorarse muchísimo y sobre lo que tiene bastante que decir la Abogacía. Y luego me preocupa la situación de muchos jóvenes que salen al mercado laboral de la abogacía desorientados, con escasos recursos y que necesitan de verdad ayuda y eso es algo a lo que desde el Colegio tenemos que prestar mucha atención. Y, por último, no sé si existe una conciencia clara de la revolución digital que se va a producir en todos los sectores y también en la abogacía. Pero esa revolución se va a producir.

¿Cómo sería el dibujo de esa revolución en empleos y en otros aspectos?

En este momento hay robots que son capaces de contestar una demanda, metiéndole los datos en la máquina. Todo el tema de la inteligencia artificial va a influir y puede y los abogados tenemos que servirnos de la tecnología. Se abren  nuevas oportunidades, el mundo está cambiando muy rápidamente, hay relaciones jurídicas que no están reguladas o nuevas situaciones que merecen ser contempladas y donde los abogados deberíamos encontrar una oportunidad. 

¿En qué asunto de la vida pública y de la vida social de este país deben tener más presencia los abogados y pronunciarse de manera valiente?

En la tan traída y llevada reforma Constitucional, por supuesto.

 ¿Ahí deben tener una presencia activa?

Por supuesto que sí, tener una presencia muy activa. Luego hay otros temas también en este momento pendientes, como la reforma Ley Enjuiciamiento Criminal; sobre quién debe instruir, si el Fiscal o el Juez. Hay muchas cosas en este momento en tramitación. 

¿En asuntos como violencia de género, como desahucios?

Por supuesto, por supuesto.

¿Eso le haría ganar prestigio al colectivo de los abogados?

Por supuesto, igual que en temas de igualdad. Nosotros tenemos un compromiso grande con la igualdad, que la mujer no se vea perjudicada por los problemas de conciliación en vida personal y profesional. Y ahí la abogacía tiene mucho que decir. 

¿Su proyecto para el Colegio de Abogados de Madrid traerá un cambio de rumbo?

Yo quiero, primero, que la abogacía juegue el papel que le corresponde a un colectivo muy importante y significado. Segundo, quiero que la abogacía dentro de ese papel, tenga una capacidad de influencia en toda la producción legislativa. Quiero que el abogado sea respetado por los jueces y por los órganos de la Administración de Justicia, en general; y por la Administración Pública, de una manera evidente. Quiero que este sea un Colegio útil, que preste un servicio a los colegiados que esté en contraprestación a la cuota que pagan. Y quiero, en fin, un colegio que piense en el siglo XXII, si no es en el XXI. Queremos cambiar radicalmente muchas de las cosas que existen en este momento. Queremos mejorarlo claramente. 

¿La corrupción, por ejemplo?

Evidentemente, contra la corrupción debemos luchar todos, la abogacía la primera.

¿Cómo? ¿Van a plantear alguna iniciativa, quieren crear un grupo de trabajo? Porque es un momento importante para frenar las prácticas de corrupción

El problema es el famoso sesgo retrospectivo. Todo lo que llena los medios de comunicación no es corrupción de hoy, es corrupción de hace algunos años. Hablamos de corrupción y parece que la corrupción se está produciendo en estos momentos… 

¿Se está destapando en estos momentos?

No, se está juzgando. Y en el proceso de enjuiciarlos están apareciendo otras cosas que corresponden a épocas pretéritas. Y o creo que ahora, como consecuencia de la acción de la justicia y también de muchas asociaciones, de abogados que han ejercido acciones, etc, se ha destapado mucha corrupción. Sería alucinante que es estos momentos se siguiera produciendo. En la lucha contra la corrupción lo que podemos hacer desde el Colegio es mantener una posición absolutamente ética, sancionar a aquellos abogados que incidan en prácticas de corrupción y que a nosotros nos lleguen; apoyar las acciones populares que tomen determinados abogados y buscar las reformas legislativas que luchen contra la corrupción. Eso es lo que puede hacer el Colegio de Abogados. Claramente. 

¿Se han perdido derechos en este país, desde la crisis?

No, yo creo que no. Derechos ¿en qué sentido?

¿Derecho civiles? ¿Hemos ido hacia atrás?

No, yo creo que eso forma parte del diálogo que proviene de Cataluña y que desde luego yo no comparto en absoluto. Yo creo que este es un país absolutamente democrático. Es un país donde los jueces aplican normas claramente democráticas. Y donde hay determinados señores que han decidido saltárselas por las buenas y a eso le llaman que se pierden derechos. No, no. Igual que se llama presos políticos a quienes no son presos políticos. No, yo eso no estoy dispuesto a aceptarlo. Ahora, que usted quiere reformar la Constitución y quiere conseguir determinados derechos, ahí están los caminos para hacerlo y yo lo respetaré. Pero mientras existan normas, ese discurso de que se han perdido derechos no es en absoluto cierto.

 ¿Nos falta un proyecto común ilusionante en España?

Yo creo que sí, claramente. En eso sí estoy de acuerdo, lo ves en otros países y aquí no se ve con tanta claridad.

 

 
 



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