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La negativa de la Generalitat a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -que obliga a los colegios catalanes a ofrecer al menos el 25% de las horas lectivas en cada una de las lenguas oficiales en esta comunidad, catalán, castellano y aranés- ha abierto una guerra de trincheras en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). El motivo, el comunicado emitido por la sección de Derecho Constitucional de la entidad en la que conminaba al gobierno catalán a acatar la sentencia.



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