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Nuestros sucesivos legisladores no han abordado adecuadamente un mecanismo procesal sobre la protección del secreto profesional, cuando se acuerda la entrada y registro en el despacho de un abogado, en el que debe prevalecer como primera ratio la salvaguarda del secreto profesional[1].

El secreto profesional del abogado está regulado de forma expresa en nuestra legislación y concretamente en la LOPJ (art. 542, 3), en el Estatuto de la Abogacía Española (art. 32) y en el Código de Deontología de los Abogados Europeos (art. 2.3).



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