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La protección legal es fundamental para el refugiado. La ley internacional sobre asilo establece la obligación de todos los Estados de ofrecer protección a cualquier individuo cuyo país de origen no puede garantizarla ante una persecución que sufre.[1]

Además, la  protección no es el resultado final del procedimiento de asilo sino una medida que se tiene que implementar durante todo el procedimiento. Y para asegurarla adecuadamente, se debe aplicar al individuo que la solicita la garantía de confidencialidad desde el principio del procedimiento. La Organización de los refugiados de las Naciones Unidas (en adelante “ACNUR”) reconoce que el principio de confidencialidad en los procedimientos de asilo “es esencial para crear un ambiente de seguridad y confianza para los solicitantes de asilo”.[2]



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