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  • Además, se demanda una especialización de los profesionales legales que participan en procesos judiciales que afectan a las personas con discapacidad y dependencia

Durante los días 21 y 22 de febrero se celebró en Pontevedra el I Congreso sobre las personas con discapacidad y dependencia. Un Congreso pionero organizado por la Asociación IN.XURGA (Asociación Xuristas Galeg@s pola Inclusión/Xuristas Inclusiv@s) y presidido por Ana María Castro-Martínez, abogada gallega especialista en asuntos relativos a la discapacidad y dependencia y colaboradora habitual, en estas materias, de Law&Trends.

Desde la organización nos han hecho partícipes del Acta de Conclusiones del Congreso que reproducimos al final del presente artículo, entre las que cabe destacar la necesidad de que los profesionales (abogados, procuradores, jueces, fiscales, forenses, funcionarios…) se especialicen en la materia para lograr un cumplimiento efectivo del Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e implicar a los Colegios de abogados en la formación en esta especialidad de los letrados y letradas.

Además, de las necesidades formativas mencionadas, en las conclusiones se refleja la importancia de la participación en los procedimientos de letrados especializados instando a la creación de un turno de oficio de discapacidad, así como de presencia de facilitadores en los juzgados que permitan la accesibilidad a la lengua de signos o adaptaciones de texto legales para su fácil comprensión.

Otra de las conclusiones más relevantes afecta a la necesidad de trabajar por un uso adecuado de la terminología sobre los temas de discapacidad y dependencia por los profesionales legales y, también, por los medios de comunicación.

Junto a estas conclusiones, se abordan otras más específicas de la situación de las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Galicia que afectan al patrimonio protegido, el internamiento de las personas con enfermedades mentales, las prestaciones en materia de dependencia…

En suma, en el Congreso se detectaron un gran número de problemas en distintos ámbitos jurídicos con los que se encuentran los profesionales cuando gestionan algún asunto con personas con discapacidad o dependencia y que, a pesar de aportar soluciones a muchos de ellos, la conclusión final recoge la esperanza de la situación actual vaya cambiando, siendo este I Congreso una herramienta de inflexión fundamental para que ese cambio se convierta en una realidad.

ACTA DE CONGRESO   22 febrero 2018

CONCLUSIONES

 

UNA.- Se  puso de relieve la necesidad de contar con profesionales con especialización específica en el ámbito de la discapacidad y dependencia para el tratamiento de las personas incluidas en el colectivo de personas con discapacidad o dependencia. Destacaron  que era precisa  la especialización de los profesionales del derecho tanto abogad@s, procuradores, jueces, fiscales, forenses, funcionarios,  para lograr entre tod@s que el articulado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pudiese cumplirse.

DOS.- Llamó la atención  la carencia de letrad@s especializad@s en discapacidad o dependencia. Falta de formación. Se puso en valor el trabajo que realizan los coordinadores de discapacidad de los Ilustre Colegios de Abogados.

TRES.- Se constató la necesariedad  de la intervención de letrad@ especializado en procedimientos de modificación de la capacidad o internamientos involuntarios  desde el inicio del procedimiento y durante toda la duración del mismo.  Existencia de déficit de derecho de defensa o a la defensa. Se instó la urgente creación de un turno específico de discapacidad y dependencia en los Ilustre Colegios de Abogados.

CUATRO.-Se detectaron problemas específicos con los que cuenta el letrad@ en este ámbito, desde un desconocimiento total de la figura del facilitador en los juzgados durante la tramitación de un procedimiento con persona con discapacidad a la forma de acceder a intérpretes en lengua de signos  o adaptaciones de textos para las personas con discapacidad intelectual. Se trató la tremenda dificultad de la práctica de la  prueba en los procedimientos judiciales.

CINCO.- Se constataron graves problemas de mal uso de la terminología en materia de discapacidad entre los profesionales, especialmente entre los operadores jurídicos, en los medios de comunicación, en textos jurídicos, en el lenguaje cotidiano…. Urge la divulgación de los términos correctos.

SEIS.- Quedó patente que el patrimonio protegido es una figura desconocida en la Comunidad  Autónoma de Galicia. Los que hay constituidos en Galicia son sólo a través de Notarías.

SIETE.- Se puso de relieve las deficiencias que tienen que soportar las personas con enfermedad mental en distintos momentos de su vida jurídica destacando el abandono en el momento de internamientos involuntarios o el olvido del sistema público antes, durante y después del internamiento. El acceso a la  justicia  se desconoce para las personas con enfermedad mental.

OCHO.- Destacó el grave problema de la falta de efectividad de  prestaciones reconocidas en materia de  dependencia en Galicia teniendo que acudir a la vía judicial y su tremendo retraso en cuanto a cumplimiento de las resoluciones dictadas.

NUEVE.-Dentro del tema educación inclusiva se expuso que ha habido  avances a nivel  de apoyo educativo en menores escolarizados, en concreto, con autismo. Fue  de gran importancia para los participantes la estimación de una reclamación patrimonial por mala escolarización de un niño con autismo en Galicia. Se expuso que existen mayores apoyos a nivel de profesorado y que están  más preparad@s pero que queda mucho por hacer por la integración e inclusión de estos escolares. Tuvo muy buena acogida los audiovisuales proyectados sobre autismo.

DIEZ.-Falta de información sobre adopción o acogimiento de hij@ con discapacidad o dependencia.

ONCE.-Era desconocido por la mayoría de profesionales el Foro Justicia y Discapacidad.

DOCE.-Provocó sorpresa la existencia de ajustes razonables dictados  por TSXG a profesionales del derecho. Surgió interés por esa novedosa figura.

TRECE.- Llamó la atención de los participantes la posibilidad de petición de adaptación de textos judiciales a la técnica lectura fácil en lengua autóctona. Se propuso unirse a la buena práctica en los asuntos judiciales que gestionen letrad@s con personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

CATORCE.- Se repetió por  varios relatores que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Dependencia todavía tiene un nivel de cumplimiento muy bajo siendo desconocido por muchos profesionales su invocación en Tribunales.

QUINCE.-Las asociaciones  participantes dejaron expuesto que tenían muchas lagunas jurídicas,  que no sabían dónde acudir para solventarlas y orientarse, que no tenían apoyo suficiente por la Administración  en materia jurídica, que no tenían  asistencia jurídica gratuita para algunos asuntos judiciales. Se puso sobre la mesa el valor  de la familia en el apoyo de las personas pertenecientes al colectivo de personas con discapacidad y dependencia pero también los problemas de conciliación de la vida laboral.

DIECISEIS.-  Se puso de relieve  que la normativa en materia de accesibilidad a todos los niveles no se está cumpliendo, ni el urbanístico, ni el sanitario, ni de acceso a la cultura y a la información, ni en el de la justicia. Necesidad de eliminar  barreras pero sobre todo las mentales.

DIECISIETE.- Se debatió sobre los problemas de las mujeres con discapacidad, sobre su discriminación por el hecho de ser mujeres y de tener una discapacidad, sobre violencia de género específica, sobre sexualidad y reproducción,  sobre el acceso al mundo laboral. Se puso en valor a las profesionales del derecho con discapacidad.

DIECIOCHO.- Se disertó sobre la adaptación de la vista oral cuando interviene una persona con discapacidad intelectual o con enfermedad mental o los problemas cuando gestionamos los letrad@s un juicio rápido. También se dejó  notar que no se aprecia en las resoluciones judiciales  aspectos sobre la capacidad de la persona con discapacidad.

DIECINUEVE.- Se lanzó la idea de que el Ministerio Fiscal defienda los intereses generales de la persona con discapacidad y los letrad@s  los asuntos particulares.  Generó discrepancias entre profesionales del derecho asistentes.

VEINTE.- CONCLUSIÓN FINAL.  El resumen es que queda mucho por hacer. Se han  destapado múltiples problemas  en distintos ámbitos jurídicos con los que se encuentran los profesionales cuando gestionan algún asunto con personas con discapacidad o dependencia, especialmente, los letrad@s en ejercicio. Sin embargo, se han vertido tanto por l@s relatores como  por l@s participantes distintas soluciones a esos problemas. Esa es la esperanza de que las cosas en esta materia pueden cambiar dado que genera gran interés entre los profesionales de un área tan sensible como el tratado en este Congreso.

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DILIGENCIA FINAL 1.- Se ha  decidido por unanimidad por el Comité Organizador y Científico remitir el Acta de Conclusiones a las entidades siguientes: Xunta de Galicia Consellería de Xustiza, Consello da Avogacía Galega, Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra, Consello Galego de Procuradores, Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Uned Pontevedra , Deputación de Pontevedra, Concello de Pontevedra, así como divulgar por redes sociales la misma para que se conozca  lo tratado durante el desarrollo del evento.

DILIGENCIA FINAL 2.- Se ha decidido por unanimidad  dar las gracias públicamente a tod@s l@s participantes en el evento así como por las aportaciones realizadas durante el mismo. Igualmente a l@s colaboradores por su entrega altruista.  Gracias por vuestra ayuda a favor de la integración de las personas con discapacidad y dependencia. Gracias a tod@s por ayudar a que la sociedad sea cada vez más igualitaria.

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En Pontevedra, Pazo da Cultura, a 23 de febrero de 2018




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