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Ha sido un cuestionamiento permanente de empresarios, juristas extranjeros y clientes en general si el abogado cubano puede en realidad respetar el secreto profesional teniendo en cuenta que no se permite el ejercicio privado de la profesión, ni la Colegiatura de Abogados presente en otras jurisdicciones. Sin embargo, la existencia de un modelo híbrido, sui géneris, que comprende por un lado el ejercicio de la abogacía en bufetes colectivos y por otro, que el abogado en sus funciones se subordine solo a la Ley, permite aseverar la existencia de garantías legales en relación con la confidencialidad de los derechos que defiende.

El marco normativo que regula el ejercicio de la abogacía es el Decreto-Ley número 81 dictado  en el año 1984 por el Consejo de Estado de la República de Cuba -aún vigente- el cual establece la creación de una Organización Nacional de Bufetes Colectivos, en lo sucesivo ONBC y determina que solo los abogados que sean miembros de la ONBC o de las sociedades civiles de servicios reconocidas por la legislación[1] están autorizados para evacuar consultas y dirigir, representar o defender los derechos de una persona natural o jurídica ante los tribunales de justicia, los órganos de arbitraje y los organismos administrativos en el territorio nacional, así como ante los órganos, organismos y organizaciones extranjeras o internacionales.



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