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Los estados miembros son responsables de que el Derecho de la Unión sea efectivo en sus países. Así lo señalaba ya en 1991 la famosa sentencia Francovich. Por consiguiente, los consumidores europeos afectados tendrán derecho de reparación. “Se mermaría la eficacia y se debilitaría la protección si no pudieran obtener reparación”, según señala Luxemburgo.

La novedad de una reciente sentencia del pasado 28 de julio de 2016 es que el Estado también será responsable de la inaplicación del Derecho de la Unión por parte de los órganos jurisdiccionales siempre que sea la última instancia. 


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