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La Directiva sobre servicios se opone a la exigencia del abono de dichos costes, pues con tal exigencia se puede difícilmente alcanzar el objetivo de facilitar el acceso a las actividades de servicios, aun cuando el importe pagado sea reembolsable en caso de denegación de la solicitud. Así lo indica el TJUE  en su  sentencia del asunto C-316/15.



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