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Como es sabido, uno de los principios capitales del ordenamiento administrativo es el de que nadie puede contravenir sus propios actos (venire contra factum proprium non valet), lo cual se traduce en que la Administración no puede alzarse contra sus anteriores criterios o decisiones, expresados en actos anteriores, pues queda vinculada por tales actos. Este principio, obvio es señalarlo, emparenta con los de confianza legítima, buena fe y cosa juzgada administrativa.

Algunas recientes manifestaciones de la doctrina jurisprudencial añaden tales matices y hacen tan versátil la prohibición de la Administración de ir contra sus propios actos que podríamos hablar de una nueva versión de esta institución jurídica:



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