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Según dispone el artículo 16.1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en defecto de auditoría o cuando ésta no hubiere resultado favorable, la valoración de las acciones y participaciones no negociadas en mercados organizados habrá de hacerse por el mayor que resulte entre el valor nominal, el valor teórico resultante del último balance aprobado, o el que resulte de la capitalización al 20% del promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo.

En este sentido, la DGT había venido sosteniendo, por considerarlo coherente con la naturaleza del impuesto patrimonial, que ese balance aprobado lo hubiera sido con anterioridad al devengo del impuesto; esto es, el 31 de diciembre del ejercicio.



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