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La crisis económica, unida a los fortísimos cambios en el mundo inmobiliario -caras de una misma moneda-, ha tenido entre sus consecuencias la puesta en duda de algunas cosas que se consideraban casi inamovibles. Entre estas cosas que se han puesto “en baile” está el mundo de las plusvalías.

El impuesto de las plusvalías, que ingresan los Ayuntamientos, grava el incremento del valor de un bien inmueble al momento de transmitirse la propiedad. Tiene que pagarlo quien vende, como es lógico. Ahora bien, lo que está pasando es que, a pesar de que en la venta no haya beneficio porque se enajene al mismo precio que se compró o incluso a un precio inferior, los municipios aplican criterios objetivos por los que, a pesar de todo, se crea una plusvalía ficticia solo a efectos tributarios. Los municipios en cuyos términos están los inmuebles no tienen en cuenta si ha habido un aumento real del valor venta, sino que atienden al valor catastral del suelo, que multiplican por un coeficiente que cambia conforme a los años de titularidad del bien por parte del comprador, con un tipo impositivo que se establece por Ordenanza Municipal.



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