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El artículo 26.5 de la Ley General Tributaria –en adelante LGT-, al regular la exigencia de los intereses de demora que se devenguen en ejecución de una resolución administrativa o judicial, dispone lo que sigue:

“5. En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución.”

El referido precepto ha generado importantes críticas desde su aprobación, las cuáles han venido dirigidas a cuestionar la existencia de un criterio razonable en cuanto a la fijación del “dies ad quem” para el cómputo del plazo de devengo de los citados intereses de demora, el cual queda fijado por decisión legal en la fecha en que se dicte la nueva liquidación dictada en ejecución de la resolución correspondiente.

Con la finalidad de intentar aclarar esta cuestión, seguidamente trataremos de analizar las distintas soluciones que el Tribunal Supremo ha ido dando al respecto.



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