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Hace mucho tiempo un funcionario de Hacienda me dijo que cuando la Ley ponía sobre su mesa un arma de lucha contra el fraude fiscal, se terminaba utilizando, por muy injusta y desproporcionada que fuera.

A finales de octubre 2012 cuando el legislador créo el Modelo 720, la declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero, con las terribles sanciones y consecuencias que supone no presentarlo o hacerlo fuera de plazo o incorrectamente, pensé que eso no era un arma más. Me pareció un arma de destrucción masiva, en el sentido de que podía acabar no sólo con grandes defraudadores, sino también con modestos ahorradores y con extranjeros despistados que habían fijado en España su residencia y mantenían cuentas, valores o inmuebles en el extranjero, pues basta que cualquiera de ese grupo de bienes supere los 50.000 Euros para estar en el punto de mira de ese arma.



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