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Imagínese que, antes de cualquier modificación normativa, Hacienda decidiera trabajar conjuntamente con los “afectados” para analizar cómo afrontar una modificación; por ejemplo, que ante la posibilidad de implantar un sistema de intercambio de información (pongamos, por caso, el denominado SII), se constituyera un pequeño grupo de trabajo en el que participaran los responsables administrativos e informáticos de las empresas más representativas y cuyo objetivo fuera analizar la viabilidad del proyecto, testearlo, identificar las dificultades de su implantación, concretar sus costes, redactar la normativa, y tutelar su implantación y seguimiento.



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