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El Abogado del Estado no ha conseguido que el TS (STS de 27 de marzo de 2017) cambie su doctrina relativa a los plazos en que debe de concluir el procedimiento de inspección cuando la retroacción de actuaciones obedece a motivos de fondo.

Para el Abogado del Estado, analizado el tenor del art. 150.5 en conjunción con el art. 239.3 LGT, es obvio que el primero está contemplando únicamente la retroacción de actuaciones inspectoras, anulando la liquidación dictada, por concurrir defectos formales y no de fondo, o sea, de Derecho sustantivo. Consecuentemente, ser la base del principio interpretativo “inclussio unius, exclussio alterius”, únicamente debería de aplicarse el plazo máximo de 6 meses cuando la retroacción de actuaciones deriva de una previa anulación del acto impugnado por razones de forma, o sea, procedimentales. Para el Abogado del Estado, no está incluida en este supuesto la anulación de la liquidación por razones de Derecho sustantivo, o sea, de fondo.



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