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El pasado 8 de junio, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Dichas medidas consistían básicamente en lo que se ha venido conociendo popularmente con Amnistía Fiscal respecto a determinadas rentas no declaradas en su día por contribuyentes defraudadores.



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