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  • Considera que supone una infracción de la legislación comunitaria que atenta contra los principios de libre mercado.
  • El IGFEI ha provocado una disminución de las ventas del 50% y un alza del mercado de negro –que emite emisiones incontroladas- de entre 3.000 y 4.000 toneladas de refrigerante.

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías y representante de la industria del frío en España, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Ministerio de Hacienda y la Función Pública. La causa es el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que supone una infracción de la legislación de la Unión Europea, según el texto jurídico presentado.

En la denuncia se argumenta que el IGFEI genera distorsiones en la competencia para las entidades que a ella se someten y para con las del resto de países miembros, lo cual supone un incumplimiento manifiesto del Tratado de Funcionamiento de la UE, concretamente en lo dispuesto en el artículo 26 por el cual se fija la obligación de establecer y garantizar el funcionamiento del mercado único.

Según AEFYT, la aprobación de la Ley 16/2013 ha supuesto para las empresas distribuidoras de gases fluorados una disminución de las ventas en el mercado español de aproximadamente el cincuenta por ciento. Tal circunstancia viene principalmente propiciada por la entrada de forma irregular de producto adquirido por consumidores y/o usuarios españoles de otros estados miembros de la UE, en los que no existe un impuesto similar, principalmente procedentes de Francia, Portugal e Italia.

El mercado negro de gases refrigerantes generado ronda entre 3.000 y 4.000 toneladas. Ello se debe en gran medida al elevado tipo impositivo del impuesto, que puede alcanzar hasta el tipo máximo de 100 euros/kg, lo que se considera desproporcionado y un incentivo al fraude fiscal. “La entrada ilícita de gases refrigerantes se deriva, así mismo, en emisiones de CO2 incontroladas, eliminando cualquier supuesto efecto medioambiental del impuesto, además del IVA que el Estado deja de ingresar”, recuerda Roberto Solsona, presidente de AEFYT.

El cumplimiento de la Ley 16/2013 ha supuesto la pérdida de competitividad por parte de las compañías españolas frente a las del resto de países de la UE, estados en los cuales no se soporta la carga del impuesto sobre el gas, ni se sufren las consecuencias del mercado ilícito, todo ello entendemos supone agravio comparativo respecto del resto de empresarios o profesionales de la Unión.

Así mismo, hace que todo ello entre en conflicto con el Reglamento No 517/2014 del Parlamento y del Consejo Europeos de 16 de abril de 2014, en lo que respecta al control de fugas, recuperación, formación y certificación o comercialización, al existir un mercado irregular carente de control.

Roberto Solsona, presidente de AEFYT, “hemos constado que las diferentes alternativas para evitar estos efectos negativos en nuestro sector propuestas ante el Ministerio de Hacienda y la Función Pública y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no han sido escuchadas por lo que nos vemos obligados a pedir amparo a la Unión Europea, que debe defender los principios de libre mercado entre sus Estados miembros”.




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