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El Reglamento General Europeo de Protección de Datos, Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, ya ha entrado en vigor pese a que no será plenamente aplicable hasta 25 de mayo del 2018, pero más allá de que esa plena eficacia quede demorada, lo bien cierto es que hay ya preceptos que son de aplicación y que esa moratoria se debe a la complejidad que lleva dicha implementación, por los que las personas físicas y jurídicas públicas y privadas deben de comenzar ya su aplicación, y deben de hacerlo pensando en la existencia de un Delegado de Protección de Datos (DPD) y en el cambio de sistema de accountability que impone el citado Reglamento, especialmente cuando sea de aplicación su régimen sancionador, ya que las multas por infracción a las previsiones legales de este nuevo Reglamento General Europeo en  materia de protección de datos pueden llegar a los diez millones de euros por el mero hecho de no cumplir los requisitos legales básicos y a veinte millones de euros para infracciones al nuevo marco de protección del derecho de protección de carácter personal (artículo 83); todo ello al margen de la responsabilidad civil pertinente que se superpondría a esta sanción administrativa.



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