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Cuando apenas acaba de aparecer el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, ya tenemos alguna pista más de qué empresas han nombrar un Data Protection Officer (en adelante, DPO o DPD en la terminología española).

Según el Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos es obligatorio contar con un DPO para todas las empresas y Administraciones Públicas (salvo los tribunales), para aquéllas que realicen observación a gran escala de datos de carácter personal y para los que realicen, nuevamente a gran escala, tratamiento de datos de categoría especial (principalmente datos de salud, biométricos o de infracciones penales).



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