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  • El ex fiscal general del Estado se muestra partidario de acometer previamente la modificación de la Demarcación y Planta de la Jurisdicción Penal, a la que considera “obsoleta en su totalidad”

El ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree imprescindible proceder en España a una profunda reforma del proceso penal, “tarea injustamente pospuesta”, para que el Estado de Derecho “pueda asegurar su función de equilibrio de tensiones y conflictos de convivencia para el que fue creado”. A su juicio, esta acción reformadora debería reconsiderar múltiples aspectos, como el papel del juez y del fiscal en el periodo de instrucción o el de las partes procesales y, especialmente, el de la acción popular.

Eduardo Torres-Dulce, que ha participado hoy en el ciclo de conferencias sobre “La judicialización de la vida política”, organizado por la Fundación Ankaria con la colaboración del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ha señalado que algunas de las tareas pendientes de esta reforma del proceso penal incluye la creación de una Policía Judicial adscrita orgánica y funcionalmente a jueces y fiscales o la redacción de un estatuto procesal  del investigado/imputado. Asimismo, considera que debería ponerse punto y final a las filtraciones y terminar con las dilaciones indebidas en el curso y resolución del proceso.

Otros aspectos manifiestamente mejorables aludirían, a su modo de ver, a los instrumentos de mediación, lo que implicaría la elaboración de “un realista y justo estatuto de la mediación”, la reducción del valor de la instrucción en favor del plenario y la vista, la creación de una doble instancia real y efectiva, una casación con funciones de tal o la ejecución de las sentencias, “verdadero agujero negro de cualquier proceso en nuestras jurisdicciones”.

“Hay que cambiar la organización de la jurisdicción penal”

No obstante, Torres-Dulce cree que previamente a esta reforma del proceso penal debería acometerse la modificación de la Demarcación y Planta de la Jurisdicción Penal, a la que consideró “obsoleta en su totalidad”. Esta reforma pasaría, a su juicio, por analizar las realidades  y necesidades de las plantillas de jueces y fiscales  y de sus cuerpos auxiliares, e implicaría una dotación presupuestaria acorde.  Asimismo, consideró necesaria la adopción de un Plan Integral  de Tecnología, “gravemente aquejado por  la fragmentación de transferencias  autonómicas  y de amateurismos en sus concepciones y desarrollos”, y la realización de un estudio previo de campo “que nos ofrezca la radiografía real  de cómo se comportan los diversos procesos penales  en tiempo , resultados , deficiencias y aciertos”.

El ex Fiscal General del Estado cree que si bien los modernos Códigos Penales se rigen por dos ideas básica: su función como última ratio concretada del derecho y el principio de intervención mínima, las cerca de treinta modificaciones que ha experimentado nuestro Código Penal desde 1995, algunas de ellas muy profundas, “han evidenciado desgraciadamente comportamientos erráticos, cuando no equivocados, del Legislador, comprometiendo políticas criminales de dudoso y corto alcance”.  A su juicio, algunos de los “vicios” que viene ofreciendo el Código Penal, tienen que ver con “redacciones farragosas y confusas de preceptos y tipos penales, escasa proporcionalidad a la hora de configurar desvalores de conducta y resultados, bienes jurídicos protegidos  y penas, reglamentarismo, excesiva proliferación de tipos en blanco  y la consiguiente  administrativización de algunos tipos penales”.

Próxima conferencia

El ciclo de conferencias sobre la Judicialización de la vida pública, dirigido por Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional, continuará el próximo 26 de octubre con la conferencia titulada la “Presunción de inocencia y judicialización de la vida pública. Pena de banquillo (o de telediario)”, a cargo de Gonzalo Rodríguez-Mourullo, Catedrático de Derecho Penal.

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