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A pesar de la multitud de graduaciones a las que se someten los derechos de los internos en un centro penitenciario; a pesar de los perniciosos efectos que sobre dichos derechos genera la pervivencia del concepto de relación de sujeción especial que irremediablemente los une con la Administración; a pesar de que el mundo de las prisiones parece conformar un islote al margen del devenir normal de la ciudadanía, entiendo que la Administración Penitenciaria, siempre que la especialidad del medio lo permita, ha de tratar a los internos en igualdad de condiciones y bajo los mismos principios que los que rigen en un Ayuntamiento o una Diputación para los ciudadanos a los que presta servicio. De ahí que en estos tiempos en que tanto se defiende la transparencia de la Administración, y a la luz de determinadas resoluciones del ámbito normativo europeo, me pregunte si no debiéramos replantearnos la configuración actual del derecho de los internos a acceder a su expediente penitenciario, en su calidad de interesados en los procedimientos que entorno al mismo se generan.



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