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Las STS 154/2016 y 221/2016, aunque con una visión distinta sobre la naturaleza de la exención prevista en los puntos 2º y 4º del artículo 31 bis del Código Penal, expresan su parecer respecto de si el Derecho Fundamental a la presunción de inocencia impide o no que deba ser la defensa de la persona jurídica la que pruebe que su programa de prevención de delitos era eficaz para poder resultar exenta de responsabilidad, llegando ambas a la misma conclusión.



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